Obras por impuestos arrancarán desde julio
El aporte que el sector privado pueda hacer al posconflicto tiene tal impacto, que desde muchos sectores se ha advertido que sin su participación esta nueva etapa en la historia del país no sería viable.
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Pensando en eso, el Gobierno Nacional diseñó la iniciativa Obras por impuestos, mediante la cual los empresarios pueden financiar proyectos de trascendencia social específicos con una parte de los recursos que destinarían para el pago del impuesto sobre la renta, en vez de transferirlos al Estado a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El proceso empezó oficialmente en febrero con la inscripción de las empresas interesadas en esta modalidad de pago de impuestos que quedó consignada en la pasada reforma tributaria (Ley 1819 de 2016, artículo 238). Se prevé que en el segundo semestre del año, específicamente en julio, comience la ejecución de los proyectos una vez se nombren los gerentes e interventores de cada uno, proceso que comenzará entre el 12 y el 22 de junio.
En total, 13 compañías, entre públicas y privadas, ejecutarán 22 proyectos avalados con recursos propios que estaban destinados al pago del impuesto de renta. Doce de esas empresas firmaron con Fiduprevisora para que constituya una fiducia y desde el pasado 25 de mayo depositaron los dineros correspondientes a cada obra, los cuales suman $218.594 millones.
De acuerdo con la presidenta de Fiduprevisora, Sandra Gómez, la iniciativa es una oportunidad para que el sector privado haga obras directamente en las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac).
“Los colombianos nos preguntamos con frecuencia a dónde van nuestros impuestos. Los empresarios también lo hacen y cuestionan, además, por qué esas obras no se hacen en determinados municipios, por qué se ejecutan de cierta manera y por qué no se atienden algunas poblaciones. Hoy los empresarios pueden asumir esa labor como un objeto de responsabilidad social puro”, aseguró Gómez.
Los proyectos pueden apuntarles a la construcción de infraestructura para suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública y educación, así como a la construcción o reparación de infraestructura vial.
A su vez, cinco entidades del orden nacional se encargarán de revisar esos proyectos: los ministerios de Minas y Energía, de Vivienda, de Salud, de Educación y de Transporte, junto con el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Una vez girados los recursos, la fiduciaria debe entregar a la DIAN un certificado dando fe de que las empresas depositaron los montos acordados correspondientes a impuestos para financiar los proyectos previamente aprobados por el Gobierno Nacional.
Según Gómez, los próximos meses tomará lugar la parte contractual. “El nombramiento del gerente, que es quien se encarga de la construcción, depende del contribuyente. Si es empresa privada, ellos nos dicen quién va a ser; si es del sector público, se definen unos pliegos para esa contratación y se hace una invitación”, explicó.
Con respecto a los interventores del contrato, indicó que el candidato se obtiene de una lista que tiene cada una de las entidades de orden nacional (ministerios) y el contribuyente es quien lo selecciona dentro de ese grupo.
Tras la contratación, la fiducia pasa a ocuparse de la administración y los pagos de los gastos derivados de la construcción de la obra. “A partir de ahí hay un comité fiduciario conformado por el interventor del contrato, el gerente, el contribuyente y la fiduciaria. Ellos entregan unos avances de obra, el interventor los avala y nosotros pagamos según la necesidad que exprese el gerente y previo visto bueno”, dijo la presidenta.
Al finalizar la ejecución, la fiduciaria le entrega la obra al Ejecutivo, que a su vez debe generar un certificado de que recibió la obra a satisfacción. Sólo en ese punto la DIAN declara el impuesto como saldado.
Además, el tesoro nacional recibe mucho más de lo esperado, pues los recursos de los contribuyentes se colocarán, a su vez, en Fondos de Inversión Colectiva (FIC) de alta liquidez, regidos por el Decreto 1525 de 2008, que darán rendimientos mensuales.
Para esta primera edición el Gobierno colocó un cupo de $250.000 millones aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), de los cuales se preaprobaron $224.000 millones. Aunque no se tiene claridad de en cuánto se pueda incrementar este cupo para la próxima vigencia, el Gobierno espera que, dado el interés que vienen mostrando las empresas, la demanda supere por mucho el límite acordado.
